Se viene la huelga minera

(correo)La región Puno afrontará proximamente uno de los conflictos sociales más álgidos y complejos de solucionarse, pues involucra a miles de familias que dependen de la minería informal y de otro tanto que se dedican a las actividades de agricultura o ganadería.

Luego que el Gobierno central emitiera los decretos legislativos N° 1099 y N° 1100 con los que se autoriza iniciar las acciones de interdicción contra la minería ilegal en Puno, la reacción de uno y otro grupo social no se ha dejado esperar.

Ayer, varios dirigentes de los mineros informales del distrito de Ananea (San Antonio de Putina) se reunieron en la ciudad de Juliaca con el propósito de tener los primeros acuerdos con miras a una huelga que vienen preparando para defender sus intereses.

Aunque no se precisa la fecha, los mineros ya saben que la única forma de permanecer en la actividad ilegal será asumiendo actitudes de protesta, tan igual como lo plantean los mineros de la región Madre de Dios donde anunciaron iniciar una huelga desde la semana que viene.

INTERVENCIÓN. La fiscal provincial en materia ambiental de Puno, Esther Daza Vera, informó que están a la espera del Plan Estratégico de Operaciones que debe remitir y sustentar la Policía y el Ejército, el mismo que incluiría un trabajo de inteligencia para desarrollar de forma conjunta la intervención a la minería informal que se desarrolla principalmente en las cuencas del Ramis, Inambari y Suches.

Esto mientras la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) remite la relación de las concesiones y maquinarias autorizadas en la región, esta acción debe cumplirse como máximo hasta el martes 6 de marzo.

Conforme al Decreto Legislativo N° 1100 que complementa al N°1099, posterior al informe de la DREM se convocaría a reunión con los representantes de Transportes y Comunicaciones además de Producción, que conforme a las medidas complementarias se integrarían para trabajar en la supervisión, control de la comercialización y utilización del mercurio y cianuro.

La fiscal fue enfática al señalar que aunque en La Rinconada se estuvo llevando un proceso de formalización, ninguno ha completado el proceso por lo que no hay legalidad aqui, tampoco en Ancoccala, Ananea, Pampa Blanca y Chaquimina.