Intervencion a Mineros

El director regional de Energía y Minas, Gerardo Smith Quispe, sostuvo que las posibilidades de intervención en las zonas mineras dependerían de los mandos de las Fuerzas Amadas.

Mientras que en un diario regional se dice que El general de la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército Peruano en la región Puno, Willman Andía Benavides, sostiene que  “los mineros informales ubicados en el distrito de Ananea, estarían planeando responder la intervención militar en la zona con explosivos de alta potencia” lo que no sabemos de donde tiene esta información el general, que según sostuvo, es una información que maneja el Ejército.

Según el Decreto de Urgencia N° 028, del 17 de junio pasado, que declara de interés nacional y ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la

Cuenca del río Ramis y el Suches, en la región Puno, se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para evitar que la maquinaria pesada siga realizando actividad minera en las zonas.

De este modo, la norma prohíbe la actividad minera en Pampa Blanca, Chaquiminas, Ancco Cala Huacchani y Suches; del mismo modo, impide el uso de maquinaria pesada, como cargadores frontales, retroexcavadoras y volquetes, para cualquier tipo de acciones que atenten contra la naturaleza.

Andía Benavides dijo que, hasta el momento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no ha dispuesto la intervención militar, pero que de ordenarse, ésta actuaría inmediatamente. Asimismo, agregó que ha sugerido la modificación de la norma para evitar problemas legales con los propietarios de las maquinarias.

Incoherente mente indicó, se deberían destruir las maquinarias en la zona o darse, en todo caso, la figura del ‘embargo’ y no la de ‘incautación’, como señala la norma. “Lo que sugerimos es que se requise esta maquinaria y pase a formar parte de las municipalidades distritales o, en todo caso, se destruya en el mismo lugar donde fueron encontradas”, sostuvo.

Finalmente, sostuvo que de incautarse las maquinarias, los dueños de las mismas podrían recuperarlas en menos de 24 horas con una acción de amparo emitida por algún juez de Puno. De otro lado, dijo esperar que la intervención que realice el Ejército no tenga mayores costos sociales que lamentar